La infraestructura se erige como la columna vertebral del desarrollo moderno. Con cada proyecto, desde carreteras hasta redes digitales, se genera una transformación profunda que impulsa el progreso y mejora la calidad de vida.
En un contexto de urbanización acelerada y exigencias tecnológicas, destinar recursos a obras físicas y digitales es una decisión estratégica para gobiernos e inversores.
La inversión en infraestructura no sólo construye caminos o puentes: genera un multiplicador económico verdaderamente significativo. Según el Banco Mundial, cada peso destinado a estos proyectos reporta entre 1.5 y 2.5 pesos de crecimiento económico.
Este impacto económico y social inmediato se traduce en mayor competitividad para las regiones, facilitando la integración de mercados y la circulación de personas y mercancías.
Asimismo, la adecuada planificación promueve el impulso a la sostenibilidad urbana, al incorporar criterios de eficiencia energética, movilidad limpia y mitigación de riesgos climáticos.
Estos sectores concentran proyectos estratégicos que, en conjunto, promueven la cohesión territorial y el acceso a oportunidades para todos los habitantes.
En Perú, para el año 2025 se han adjudicado 34 proyectos con una inversión de US$ 8,600 millones, beneficiando a más de 15 millones de personas en 21 regiones. Hasta julio de 2026, la cifra asciende a 40 proyectos y US$ 9,960 millones en rubros de transporte, salud, educación, electricidad, turismo e industria.
Desde 2009, el programa de Obras por Impuestos ha movilizado más de S/ 4,000 millones en 710 proyectos, impactando a 22 millones de peruanos con infraestructura social y productiva.
El efecto acumulado de estas inversiones no sólo dinamiza la economía, sino que fortalece la cohesión social y la inclusión productiva.
En México, la inversión física proyectada para 2025 equivale a 836.6 mil millones de pesos, o 2.3% del PIB, aunque representa una reducción del 12.7% respecto a 2024.
El 74% de esos recursos proviene de aportaciones federales, Pemex y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El reto consiste en diversificar fuentes de financiamiento y optimizar el uso de recursos.
La calidad de la regulación y la transparencia institucional son determinantes para la efectividad de la inversión en infraestructura. Los proyectos exitosos combinan incentivos claros, control ciudadano y supervisión técnica.
Incorporar criterios de mitigación de emisiones y alianzas intersectoriales innovadoras de gran impacto garantiza que las obras no solo sean viables, sino también resilientes ante retos ambientales y sociales.
Invertir en infraestructura es sembrar oportunidades: crea empleos, mejora servicios y fortalece economías locales. Con una visión integrada y un compromiso real con la sostenibilidad, cada proyecto se convierte en un motor de cambio.
Gobiernos, empresas y sociedad civil tienen la responsabilidad de colaborar y destinar recursos de manera estratégica. Así, juntos, podremos construir un futuro más próspero, conectado y equitativo para toda América Latina.
Referencias